La reciente oleada de reformas de las pensiones resulta sorprendente, habida cuenta del costo político que entraña cualquier reforma de los sistemas de protección social. Desde Argentina hasta Zimbabwe, esas reformas siempre han tropezado con una oposición casi universal, y las recientes medidas a este respecto no han constituido una excepción. Pierson (1994) ya sostuvo que la reforma de los programas de seguridad social resulta difícil porque crean categorías de beneficiarios que generalmente tienen interés en que dichos programas se mantengan intactos. Además, los costos de las reformas de la seguridad social suelen tener un carácter inmediato y se centran con frecuencia en un grupo específico, mientras que sus ventajas sólo se cosechan a largo plazo y son imprecisas.
¿Qué factores explican esta reciente tendencia a reformar las pensiones? ¿Por qué repentinamente tantos países se han puesto a revisar sus sistemas de jubilación, a pesar de que se sabe perfectamente que toda reforma de la protección social entraña un costo político?
En este artículo, vamos a exponer que la reciente oleada de reformas de las pensiones ha sido provocada por una convergencia de factores macroeconómicos y demográficos. También vamos a mostrar que muchos gobiernos han considerado que la reforma de los sistemas de pensiones no sólo es necesaria para resolver los problemas financieros creados por el envejecimiento de la población y de esos mismos sistemas, sino también para contribuir a que sus países sean más competitivos en un contexto económico cada vez más integrado y sumamente inestable..
En la primera parte, vamos a examinar con el mayor detalle posible la índole de la reciente tendencia a reformar la protección social; a continuación, analizaremos las causas de esa tendencia; y en la parte final, veremos qué repercusiones pueden tener las recientes reformas en las poblaciones y economías de los Estados que las están llevando a cabo.
Recortes de las prestaciones de las pensiones públicas
Aunque las reducciones de las prestaciones de las pensiones públicas han proliferado en los últimos años, los tipos de recortes efectuados varían considerablemente de un país a otro. Por ejemplo, en Alemania, Canadá, España, Finlandia, Francia, Grecia, Italia, Noruega, Portugal, Reino Unido, Suecia y Suiza, se ha modificado la fórmula utilizada para calcular las prestaciones de las pensiones a fin de reducir la generosidad del sistema (Kalisch y Aman, 1998). En otros países, por ejemplo en Alemania, Finlandia y Japón, se ha alterado el ritmo de indiciación de tal manera que probablemente va a frenar el incremento de las prestaciones con el tiempo. Por último, otros Estados han empezado a probar otros medios o han empezado a gravar con impuestos algunas prestaciones de las pensiones.
Un número considerable de países ha empezado también a reducir las prestaciones de las pensiones públicas, al hacer más estrictos los requisitos exigidos para tener derecho a ese tipo de pensiones. Las restricciones cada vez mayores obligan a los trabajadores a retrasar su jubilación, lo cual acarrea con el tiempo un incremento del importe de las cuotas abonadas al sistema de protección social y una disminución de la cantidad de las prestaciones pagadas por éste. En algunos países, sobre todo de Europa y América Latina, se ha prolongado el número de años de cotización o de trabajo que se necesitan para pretender a una pensión pública. En Lituania, por ejemplo, el mínimo de años de trabajo exigidos ha pasado de 25 para los hombres y 20 para las mujeres a 30 para ambos sexos. Mientras tanto, en Portugal se aumentó de 10 a 15 años para los hombres y las mujeres. Ha sido mayor el número de países que han optado por elevar la edad mínima para jubilarse: de 60 a 65 años para ambos sexos en Grecia, por ejemplo; y de 60 a 65 años para los hombres y de 55 a 60 para las mujeres, en el Perú. Según estadísticas del Banco Mundial, desde 1992 hasta 1996 hubo 21 países que elevaron la edad mínima de la jubilación, pero en realidad es posible que estas estadísticas subestimen la cantidad de cambios que se produjeron en ese periodo (Demirgüç-Kunt y Schwarz, 1997; Kalisch y Aman, 1998).
Una prestación privada cada vez mayor
Las reformas más espectaculares de los sistemas de jubilación en estos últimos años han implicado una expansión de la función desempeñada por los fondos de pensión privados en las prestaciones de pensiones. Muchos países han fomentado el incremento de los planes de pensión privados de carácter voluntario mediante incentivos fiscales o creación de marcos reglamentarios favorables, o también mediante una limitación del nivel de las prestaciones y cotizaciones en los sistemas públicos de pensiones. La adopción de este tipo de medidas ha sido común en aquellos países industrializados que desde mucho tiempo atrás ya poseían vastos sistemas privados de pensiones (generalmente de índole empresarial). Unos cuantos países de la OCDE han llegado incluso al extremo de exigir a los trabajadores y empresarios una cotización a sistemas de pensión privados, además de la contribución aportada a los sistemas públicos ya existentes. Por ejemplo, en Australia y Dinamarca se ha hecho obligatoria recientemente la contribución a fondos privados de pensiones.
No obstante, las reformas más radicales se han llevado a cabo en los países de América Latina y del ex bloque soviético. En estos últimos años, muchos países de estas dos regiones han privatizado porciones sustanciales de sus sistemas públicos de pensiones, siguiendo más o menos las líneas generales del modelo chileno. La reforma efectuada en Chile en 1981 permitió que los beneficiarios del sistema público de pensiones ya existente depositaran en cuentas de jubilación individuales administradas por fondos de pensiones privados sus cuotas de seguridad social, en vez de abonarlas al Estado. Por otra parte, a los que iban a ingresar en el mercado laboral se les exigió que cotizasen a fondos de pensión privados, en vez de hacerlo al sistema público de pensiones. El dinero acumulado en esas cuentas se ha de utilizar para financiar las pensiones de los trabajadores después de su jubilación. Los trabajadores que anteriormente abonaron cuotas al sistema de pensiones públicas recibieron además un bono complementario que devenga intereses, a fin de compensar sus anteriores cotizaciones.
El modelo chileno no sólo implicó el cambio de gestión del sector público al privado, sino que transformó también la índole misma del sistema de pensiones existente en otros dos aspectos fundamentales. En primer lugar, el sistema de pensiones dejó de basarse en un régimen de pagos con cargo a los ingresos corrientes es decir, en un sistema de reparto y pasó a ser un sistema financiado con fondos propios, o sea un sistema de capitalización. En el anterior sistema chileno, como en la mayoría de los sistemas públicos de pensiones, las cotizaciones para los seguros sociales pagadas por los trabajadores en actividad financiaban inmediatamente las prestaciones de vejez abonadas a los jubilados. En cambio, en el nuevo sistema privado, las cotizaciones para la vejez de cada trabajador o trabajadora se ahorran para un uso personal posterior exclusivo.1 En segundo lugar, la reforma chilena ha entrañado un cambio del método de funcionamiento del sistema, en el que ya no se definen precisamente las prestaciones sino las cotizaciones. El sistema público de pensiones de Chile, como el de muchos otros países, había prometido tradicionalmente a los trabajadores una pensión determinada para después de su jubilación, que equivalía a un porcentaje establecido del salario percibido en los últimos años. En cambio, el nuevo sistema privado de pensiones no promete nada de eso. En este sistema, las contribuciones de los trabajadores están establecidas, pero sus pensiones varían en función del importe de las contribuciones que van abonando a lo largo del tiempo, de los rendimientos financieros del dinero y de las comisiones cobradas por los fondos de pensión privados.
Aunque la mayoría de los países que han privatizado sus sistemas de pensión en los últimos años han tomado como modelo el marco general de la reforma chilena, no lo han copiado al pie de la letra. Algunos países como Bolivia, Kazajstán y México han ido todavía más lejos que esa reforma, porque han obligado a la población trabajadora actual y futura a afiliarse al nuevo sistema privado. En otros países, por ejemplo en Colombia y Perú, se ha permitido a los trabajadores de hoy, y a los del mañana, escoger entre los sistemas públicos y los privados. Otros Estados como Argentina, Uruguay, Hungría y Polonia han optado por modelos de privatización parcial, que permiten a los trabajadores transferir a los fondos de pensión privados tan sólo una parte de sus contribuciones. En virtud de las recientes reformas, los trabajadores siguen pagando algunas contribuciones obligatorias al Estado, que a su vez les proporcionará una prestación reducida cuando se jubilen. Han sido muy distintos los métodos utilizados en algunos países para resarcir a los trabajadores por sus cotizaciones anteriores al sistema público de pensiones, y también hay países en los que se ha optado por no resarcirles en absoluto.
En estos últimos años, unos cuantos países han empezado a administrar sus sistemas públicos de pensiones en función de cotizaciones definidas, en vez de prestaciones establecidas.2 Por ejemplo, en Italia, Suecia, Letonia y Polonia, se han establecido recientemente —o se tiene previsto establecer— sistemas teóricos de cotizaciones definidas administrados por el Estado. En estos sistemas, los trabajadores poseen cuentas de jubilación individuales como en los sistemas privados, pero en realidad no hay dinero depositado en ellas. Con las contribuciones de los trabajadores en actividad se paga a los jubilados, como en todo sistema de reparto. No obstante, a los trabajadores se les imputan sus contribuciones y los intereses que devengan; y las pensiones que reciben después de su jubilación se basan en la totalidad del importe alcanzado por los fondos imputados a sus cuentas.
Las raíces de la reforma
En parte, la reciente profusión de reformas es una reacción ante las dificultades financieras con que han tropezado los sistemas de pensiones de muchos países. El gasto por pensiones han aumentado considerablemente en muchos Estados, obligándoles a efectuar reformas. Por ejemplo, en los países de Europa Occidental el promedio del gasto público en pensiones representaba en 1980 un 7% del PIB y en 1993 un 9% (Espina, 1996). En Europa Oriental ese promedio aumentó con mayor rapidez todavía, pasando de un 6% del PIB en 1980 a un 11% en 1995 (Holzmann, 1997: 9). En muchos países de Europa y en la ex Unión Soviética, las cargas obligatorias que pesan sobre los salarios han resultado insuficientes para cubrir los gastos ocasionados por las pensiones, y los Estados se han visto obligados a canalizar otros ingresos hacia los sistemas de jubilación. Es previsible además que esta situación empeore en el futuro, si no se efectúan reformas.
Los problemas financieros provienen en parte de deficiencias administrativas. Muchos de los sistemas de pensiones del mundo no se han administrado con arreglo a principios actuariales sólidos, lo cual ha provocado que el nivel de las contribuciones resultara inadecuado para mantener las prestaciones que esos sistemas habían venido pagando tradicionalmente. Esto se ha producido sobre todo con los sistemas especiales de pensiones para determinadas categorías privilegiadas de trabajadores. Algunos funcionarios del Estado, por ejemplo parlamentarios, diplomáticos, militares y magistrados, solían recibir pensiones muy lucrativas que superaban con creces sus contribuciones al sistema de pensiones. Los sistemas de pensiones de algunos países se han visto devastados por una evasión de pagos generalizada; por ejemplo, en algunos Estados de América Latina más del 50% de las personas que deben cotizar al sistema de protección social no han abonado sus cuotas en los últimos años.
Las deficiencias administrativas se pueden resolver cuando los sistemas de pensiones son relativamente recientes, pero a medida que el tiempo va pasando empiezan a tropezar con dificultades más graves. En las primeras décadas transcurridas después del establecimiento de los sistemas de pensiones, eran pocas las personas que habían cotizado durante el tiempo suficiente para ser acreedoras a una pensión. Pero a medida que esos sistemas iban llegando a su madurez, una porción cada vez mayor de la población iba teniendo derecho a prestaciones de vejez, lo cual hizo que los gastos en concepto de pensiones se dispararan. En muchos países, ese proceso de maduración se aceleró a causa de la permisividad en materia de criterios de acceso a las pensiones. Por ejemplo, en muchos países latinoamericanos se establecieron edades mínimas demasiado bajas para jubilarse, lo cual permitió que la gente, basándose en los años de trabajo cumplidos, se jubilara prematuramente. En Europa, los gobiernos también permitieron a los trabajadores que se jubilaran anticipadamente a fin de dejar puestos de trabajo para los jóvenes. Además, para agravar la situación, hubo muchos países que no invirtieron sabiamente los excedentes generados por los sistemas de pensiones en las primeras décadas de su existencia. De hecho, esos excedentes se gastaron en una serie de proyectos gubernamentales o se invirtieron en productos financieros que generaron intereses escasos o pérdidas.
Los problemas financieros se han visto agravados por las recientes tendencias demográficas que han provocado un rápido envejecimiento de gran parte de la población mundial. El promedio de esperanza de vida ha aumentado asombrosamente en los últimos años, en gran medida a causa de los progresos en materia de asistencia sanitaria e higiene. Desde principios de los años cincuenta hasta principios de los noventa, la esperanza de vida aumentó 8 años en los países más desarrollados, 21 en los países en desarrollo y 15 en los menos adelantados (Naciones Unidas, 1995: 117). En algunos países, sobre todo de Europa y América Latina, las tasas de natalidad disminuyeron también, lo cual ha contribuido aún más al envejecimiento de la población. Ese envejecimiento ha llegado a ser especialmente espectacular en Europa, en donde la proporción de la población con más de 65 años de edad pasó de un 8,7% en 1950 a un 13, 4 en 1990, pero este fenómeno también es evidente en una gran parte del hemisferio occidental y en algunas regiones de Asia (Naciones Unidas, 1993: 24). Esas tendencias demográficas no sólo han implicado que una proporción considerable de la población tenga derecho a prestaciones de vejez —con la consiguiente elevación de los gastos destinados a cubrirlas—, sino que además han provocado la disminución de los trabajadores en actividad, o sea de la parte de la población que debe correr con los gastos de los jubilados.
Mundialización económica y reforma de las pensiones
La reciente oleada de reformas de los sistemas de pensiones no sólo ha sido ocasionada por los problemas financieros con que se ven aquejados en muchos Estados, sino que se debe también a la evolución del contexto económico internacional, que ha causado estragos en las economías de muchos países del mundo. En los últimos años, la reforma de las pensiones ha llegado a ser parte integrante tanto de la política económica como de la social. En parte, los gobiernos han empezado a reformar los sistemas de pensiones para mejorar su competitividad en el plano internacional y protegerse de la escasez de capitales que ha empezado a afectarles. Muchas de las reformas emprendidas en estos últimos años sólo cobran sentido si se contemplan desde esta perspectiva.
Las trabas al comercio internacional y a los movimientos de capitales han disminuido considerablemente en los últimos decenios, a medida que se han ido estrechando los vínculos entre las economías de los países del mundo entero. La mundialización económica ha sido provocada en parte por las innovaciones tecnológicas que han reducido los costos de transporte y mejorado las comunicaciones mundiales, facilitando así a los particulares y las empresas la realización de negocios internacionales y la administración de capitales en el extranjero. En la internacionalización de las economías del mundo, también han desempeñado un papel importante las decisiones que han adoptado los gobiernos ¯bajo presión de las fuerzas del mercado¯ para suprimir las trabas que obstaculizaban el comercio internacional y los movimientos de capitales.
La disminución de esas trabas ha creado un contexto económico internacional de mayor competitividad, en el que los gobiernos tienen que luchar para mantener sus ventajas económicas, si no quieren ver cómo el comercio y los flujos de capitales se desplazan a otras regiones. Este fenómeno ha provocado también que los países sean más vulnerables a la escasez de capitales, al aumentar su dependencia con respecto a capitales extranjeros inestables y al facilitar a los inversionistas las transferencias rápidas de fondos al extranjero. En los últimos veinte años, muchos países se vieron afectados por salidas masivas de capitales cuando los inversionistas perdieron repentinamente confianza en sus economías. Por ejemplo, en los años ochenta los países latinoamericanos se vieron aquejados de éxodos masivos de capitales, que agravaron la escasez de éstos provocada por el corte de los créditos extranjeros. Por su parte, los países asiáticos se vieron seriamente afectados por éxodos de capitales en 1997 y 1998.
Muchos gobiernos, en especial los que imponen gravámenes fiscales considerables sobre los salarios, han llegado a la conclusión de que es menester efectuar algunos recortes en las prestaciones de vejez, habida cuenta del contexto actual de extrema competitividad económica. Con la reducción de esas prestaciones esperan poner un límite a sus déficit fiscales, mantener bajos costos de producción y mejorar la competitividad de sus países en el plano internacional. Aunque los recortes de las prestaciones han tropezado inevitablemente con la oposición de los que resultan perjudicados, muchos dirigentes políticos han creído que una medida de este tipo conlleva ventajas económicas a largo plazo que compensan su costo político a corto plazo.
No obstante, ya hemos visto que algunos países, especialmente los que han padecido de escasez crónica de capitales en los últimos años, no se han limitado simplemente a recortar las prestaciones y han tratado de privatizar sus sistemas de pensiones. Con esa privatización los gobiernos no sólo esperaban resolver los problemas financieros de esos sistemas a largo plazo, sino que deseaban estimular las tasas de ahorro interno y dar mayor solidez a los mercados nacionales de capitales, reduciendo así su dependencia de los inestables capitales extranjeros. Por ejemplo, el ex Presidente de Bolivia, Gonzalo Sánchez Losada, sostuvo que la privatización de las pensiones en su país "traería consigo, de la noche a la mañana prácticamente, un aumento del ahorro interno, la formación de capitales y la creación de un mercado de acciones y obligaciones" (Bowen, 1996: 12). Asimismo, al presentar su plan de privatización al cuerpo legislativo, el Presidente de México, Ernesto Zedillo, dijo lo siguiente: "... Se profundizará la intermediación financiera, con lo que se diversificarán y aparecerán nuevos instrumentos financieros. El aumento en la disponibilidad de recursos en los mercados financieros repercutirá en la disminución de las tasas de créditos para las empresas, en el desarrollo de nuevos instrumentos de deuda y en el crecimiento de los mercados de capitales" (Cámara de Diputados, 1996: 202).
Los defensores de la privatización de las pensiones suelen mencionar el ejemplo de Chile para ilustrar las ventajas de la privatización. La reforma chilena de 1981 ha canalizado enormes cantidades de recursos hacia los fondos de pensiones privados, que han invertido gran parte de ese dinero en el mercado nacional de capitales. Esto ha provocado un desarrollo rápido de ese mercado y ha creado nuevos instrumentos e intermediarios financieros. Los que propugnan la privatización sostienen también que la reforma chilena ha estimulado el rápido aumento de la tasa de ahorro nacional, si bien esta cuestión es objeto de grandes controversias en los medios universitarios (Holzmann, 1996; Agosín y otros, 1996; Schmidt-Hebbel, 1995). Tras la reforma de 1981, la tasa de ahorro nacional experimentó un alza brusca en Chile, pasando de un 16,4 % en ese año a un 30% en 1990, lo cual representa el mayor índice de ahorro de la región.
Cuando los gastos en pensiones han llegado a ser especialmente altos, como ha ocurrido en la mayor parte de los países europeos, los dirigentes políticos han podido lograr a veces un amplio consenso para efectuar recortes de menor cuantía en las prestaciones. En cambio, como la privatización de las pensiones tiende a ser objeto de más controversias en el plano político que esos simples recortes efectuados en los sistemas públicos de pensiones existentes, los dirigentes políticos no pueden lograr que se formen amplias coaliciones en favor de una reforma de ese tipo. De hecho, tienen que basarse exclusivamente en la solidez de su posición política para impulsar las reformas y luchar contra la resistencia resuelta de los jubilados, los sindicatos y los partidos de oposición.
Repercusiones de las reformas
Las recientes reformas van a tener repercusiones importantes, aunque diferentes, en los sistemas de pensiones y las economías de los países que las han llevado a cabo. Por ejemplo, los recortes de las prestaciones de vejez mitigarán los problemas financieros de los sistemas de pensiones a corto y medio plazo. Aunque la mayoría de estas medidas no representan una solución a largo plazo de los problemas de este tipo que afectan a esos sistemas, por lo menos atenuarán las presiones financieras inmediatas que están experimentando.
En cambio, la privatización tendrá a medio plazo una repercusión negativa sobre los sistemas de pensiones, pero podrá resolver los problemas financieros que tienen planteados a largo plazo. La privatización desestabiliza a medio plazo las finanzas de esos sistemas porque se ven privados de la recepción de las cuotas para la vejez pagadas por los trabajadores en actividad, mientras que deben seguir abonando prestaciones a los ya jubilados. No obstante, cuando se extinga la actual generación de pensionistas, el Estado ya no tendrá que seguir financiando las pensiones de los ciudadanos, salvo en el caso de aquellas personas que no hayan acumulado suficiente dinero en los fondos de pensión privados para disfrutar de una pensión mínima.
Las reformas tendrán también repercusiones diferentes en las prestaciones de vejez abonadas a los asegurados sociales. Por definición, los recortes efectuados en las prestaciones disminuirán el total de las que dichos asegurados vayan a recibir mientras vivan, pero el tipo de recortes más común, es decir el que consiste en hacer más estrictos los requisitos necesarios para tener derecho a las pensiones, no afectará a las pensiones recibidas mensualmente por los asegurados. Además, la mayoría de estas medidas se han escalonado gradualmente, y por lo tanto no afectarán a muchos de los trabajadores jubilados.
Queda por ver qué repercusiones tendrá la privatización en las prestaciones de vejez, habida cuenta que las cantidades abonadas a los pensionistas dependerán en gran medida del rendimiento financiero de los fondos de pensión privados. En Chile, las pensiones del sistema privado han superado a las del público merced a los altos rendimientos generados por los fondos de pensiones privados hasta la fecha. Entre 1981 y 1995, el promedio de rendimiento efectivo anual de esos fondos ha alcanzado un 12,2%, pero si se tienen en cuenta los costos administrativos es de un 7,4% (Mesa-Lago 1997: 473). No obstante, no es en absoluto seguro que esos promedios de rendimiento se mantengan a largo plazo; de hecho, en los últimos años han sido mucho más bajos que antes. Tampoco es evidente que se puedan obtener tasas de rendimiento semejantes en los demás países que han privatizado sus sistemas de pensiones.
Además, el rendimiento de la mayoría de los sistemas privados de pensiones presenta carencias manifiestas en dos ámbitos que pueden tener repercusiones negativas sobre las prestaciones de vejez percibidas por los trabajadores. El primer ámbito es el de los elevados costos administrativos que esos sistemas han generado. En la mayoría de los países, los fondos de pensiones privados gravan las cuotas de los asegurados con comisiones y primas de seguros que oscilan entre un 25% y un 35% de sus contribuciones anuales (Mesa-Lago 1997: 458-459; Queisser 1998: 45). Esos costos administrativos elevados se deben en gran medida a las importantes cantidades de dinero que los fondos privados gastan en marketing para tratar de atraer a nuevos afiliados. Esos costos altos también implican que proporciones sustanciales de las cuotas abonadas por cada trabajador no se ahorran y, por lo tanto, no se pueden utilizar a la vejez. El segundo ámbito es el de la proporción bastante elevada de evasiones de pago de las cuotas. En efecto, en la mayoría de los nuevos sistemas privados de pensiones solamente entre un 50% y un 75% de los afiliados abonan efectivamente sus cuotas para pensiones (Queisser 1998: 41; Mesa-Lago 1997: 454). El resultado de esto es que muchos trabajadores no poseen suficiente dinero en sus cuentas para financiar sus pensiones cuando les llega la jubilación.
Aunque posiblemente son desiguales las repercusiones de las reformas sobre el estado de saneamiento financiero y la munificencia de los sistemas de seguridad social, lo que sí es probable es que van a tener consecuencias positivas en el plano macroeconómico. Ya hemos visto que los recortes de las prestaciones van a tener repercusiones favorables en ese plano, porque reducirán los gastos estatales y contribuirán a que los países mantengan su competitividad en la esfera internacional. La privatización de las pensiones va a tener también probablemente una repercusión macroeconómica positiva, al estimular los mercados nacionales de capitales y ejercer presión para que los tipos de interés bajen. La privatización también puede fomentar considerablemente la tasa de ahorro interno, aunque esto depende en gran medida de la forma en que se efectúe la transición del sistema de reparto, es decir, del régimen público de pagos con cargo a los ingresos corrientes, al sistema de capitalización, o sea a un régimen privado de financiación con fondos propios. Si esta transición se financia con un incremento de la deuda, a todo aumento del ahorro privado corresponderá una disminución del ahorro público; pero si se financia con recortes fiscales, sus consecuencias sobre el ahorro en general serán positivas.
Conclusiones
La reciente proliferación de reformas de la seguridad social, sobre todo de las que consisten en privatizaciones, representa una importante transformación de los sistemas públicos de pensiones existentes, lo cual entraña repercusiones considerables para la política económica y social. Esas reformas reducen a veces radicalmente la función desempeñada por el Estado en la financiación y prestación de las pensiones. No obstante, no suponen que el Estado abandone su papel de garante supremo de la protección social. En realidad, incluso en el caso de los sistemas privatizados, el Estado seguirá garantizando una pensión mínima y supervisando el funcionamiento de la protección social.
Hemos podido ver que las reformas no sólo se deben a la evolución demográfica experimentada por muchos países en los últimos años, sino también a la integración cada vez mayor de las economías del mundo entero. La disminución de las trabas al comercio internacional y a las inversiones extranjeras han creado un contexto económico internacional cada vez más competitivo e inestable. Por eso, muchos gobiernos han reformado los sistemas de pensiones con miras a frenar el aumento del gasto público en pensiones y atenuar la vulnerabilidad de sus economías frente a una escasez repentina de capitales extranjeros. No obstante, queda por ver si esas reformas van a lograr la realización de sus distintos objetivos.
Traducido del inglés
Notas
1. Muchos regímenes públicos de pensiones son sólo parcialmente sistemas de reparto, porque cuentan con reservas considerables a las que pueden recurrir cuando la población y el propio sistema de pensiones envejecen.
2. Algunos regímenes públicos de pensiones, sobre todo los fondos de previsión existentes en muchas de las ex colonias británicas de Africa y Asia, son sistemas de capitalización y cuotas definidas. Su funcionamiento es similar al de los fondos de pensiones privados, con la diferencia de que es el Estado quien administra las cuentas de jubilación individuales.
Referencias
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Holzmann, Robert. 1996. "Pension Reform, Financial Market Development, and Economic Growth: Preliminary Evidence from Chile". Documento de trabajo del FMI WP/96/94. Agosto de 1996.
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Mesa-Lago, Carmelo. 1997. "Análisis comparativo de reformas de pensiones estructurales en ocho países latinoamericanos: descripción, evaluación y lecciones" en Margaret H. Pierce, compiladora, Capitalización: La Reforma Económica y Social de Bolivia. La Paz: Ministerio de Capitalización de Bolivia.
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Queisser, Monika. 1998. "The Second-Generation Pension Reforms in Latin America". OECD Ageing Working Paper 5.4. OCDE: París.
Schmidt-Hebbel, Klaus. 1995. "Colombia's Pension Reform: Fiscal and Macroeconomic Effects". Documentos de Debate del Banco Mundial, nº. 314.
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